Cobro de Facturas Impagas en Chile: Qué Hacer y en Qué Plazo

Victor Iturra A.

Por Victor Iturra A. Publicado el 15 nov 2022 · Actualizado el 25 oct 2026 · 11 min

Cobro de facturas impagas en Chile: gestión preparatoria y juicio ejecutivo

Respuesta rápida

Cobrar una factura impaga en Chile exige dos procedimientos judiciales encadenados: la gestión preparatoria de la vía ejecutiva (cerca de mes y medio) y el juicio ejecutivo (2 a 3 meses, o más si el deudor se defiende). Aplica a toda factura no reclamada dentro de los 8 días del Art. 3 de la Ley 19.983. La acción prescribe en 1 año desde que la factura fue exigible, y la Corte Suprema ha resuelto que se interrumpe con la notificación de la gestión preparatoria al deudor, por lo que no conviene llegar al mes 11.

Hiciste el trabajo, entregaste el bien o el servicio, y el pago nunca llegó. Si ya pasaste por los mensajes sin respuesta y las promesas que no se cumplieron, esta guía cubre lo que sigue.

El cobro de una factura impaga en Chile tiene una vía judicial precisa: dos procedimientos encadenados, plazos que corren desde el primer día y costos que conviene conocer antes de decidir. Esta guía explica qué hacer cuando una factura no se paga, en qué plazo y cómo decidir si conviene demandar. El paso a paso, los costos y los tiempos están en la guía de cómo cobrar una factura impaga en Chile.

La norma base es la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la factura, modificada en aspectos clave por la Ley 20.956.

Qué facturas pueden cobrarse judicialmente: 4 requisitos

La Ley 19.983 establece que una factura puede cobrarse por la vía ejecutiva solo si cumple estas cuatro condiciones:

1. No fue reclamada en plazo. El comprador tenía 8 días corridos desde la recepción para objetar la factura. Si no reclamó en ese plazo, la factura se entiende irrevocablemente aceptada y presta mérito ejecutivo (Art. 3 y Art. 4, Ley 19.983).

2. El pago es exigible y no está prescrito. Venció la fecha de pago y no ha transcurrido 1 año desde que la factura fue exigible.

3. Consta la recepción del bien o servicio. La factura debe señalar el recibo de las mercaderías entregadas o los servicios prestados, con indicación del recinto o lugar.

4. El deudor fue notificado judicialmente. Es el paso que constituye el título ejecutivo: la gestión preparatoria de la vía ejecutiva. El deudor debe ser notificado de la factura impaga y tiene tres días para alegar falsificación material de la factura o guía de despacho. Esa es la única oposición que admite la ley en esta etapa.

Si alguna de estas condiciones falla, el camino cambia. Una factura objetada en plazo requiere una demanda ordinaria donde el deudor puede oponer más defensas, y los plazos son distintos.

El plazo que no puedes perder: 1 año

Plazo crítico: la acción ejecutiva para cobrar una factura prescribe en 1 año desde que fue exigible. La Corte Suprema ha resuelto que el plazo se interrumpe con la notificación de la gestión preparatoria al deudor, no con su presentación, aunque hay jueces que no lo aceptan. No llegues al mes 11 de 12.

El plazo de prescripción de la acción ejecutiva para el cobro de factura es de 1 año desde que la factura fue exigible, es decir, desde la fecha en que debió pagarse (Art. 10, Ley 19.983).

Hay dos variantes:

  • Factura con vencimiento a la vista: se entiende exigible pasados los 8 días del plazo para objetarla.
  • Factura pagada en cuotas: cada cuota prescribe al año desde que fue exigible individualmente. Si el pago era en 3 cuotas, la primera puede estar prescrita aunque las otras 2 no.

Entre presentar la gestión preparatoria y notificar al deudor pasa cerca de mes y medio, y la prescripción corre mientras tanto. La cobranza prejudicial no la interrumpe. Por eso el error más caro es esperar: el que cobra suele ser alguien que tuvo paciencia con un cliente que nunca le falló, y esperó y esperó. El análisis completo de cuánto margen tienes está en la guía de la gestión preparatoria de la vía ejecutiva.

Cobro judicial de facturas: dos procedimientos encadenados

El cobro judicial de facturas siempre requiere dos procedimientos encadenados: primero la gestión preparatoria y después el juicio ejecutivo. No existe vía directa.

  • Gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Se notifica al deudor la factura impaga y tiene 3 días para alegar falsificación material de la factura o la guía de despacho. Es la única oposición que admite la ley en esta etapa. Demora cerca de mes y medio.
  • Juicio ejecutivo. Parte con el requerimiento de pago y permite embargar cuentas bancarias, inmuebles, vehículos, devoluciones de impuestos del SII y pagos que terceros le deban al deudor. Demora entre 2 y 3 meses, y más si el deudor se defiende.

En gastos judiciales, el cobro parte en cerca de $80.000 por la notificación de la gestión preparatoria y sube según cuántas veces haya que notificar y si se llega al embargo, más los honorarios del abogado. Bajo $1.000.000, el juicio probablemente no conviene. El paso a paso, la tabla de costos por etapa y los tiempos están en cómo cobrar una factura impaga en Chile y cuánto cuesta. Si decides cobrar, un abogado de cobro de facturas puede revisar antes de partir si la factura presta mérito ejecutivo.

Si la factura es de bajo monto, la guía de qué hacer si un cliente no paga una factura cubre cuándo conviene el juicio y cuándo no.

¿Tienes una factura impaga y no sabes si conviene demandar?

Cuéntanos el monto, la fecha de la factura, si fue aceptada y qué actividad tiene el deudor. Revisamos si presta mérito ejecutivo y cuál es la vía más eficiente.

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Cobranza prejudicial: cuándo usarla antes del juicio

La cobranza prejudicial no es un paso obligatorio del proceso: es una alternativa cuando el monto no justifica los costos judiciales o cuando quieres agotar vías más baratas primero.

Las herramientas más comunes:

En nuestra experiencia, muchos deudores pagan con la sola notificación de que hay un abogado en el proceso, sin necesidad de llegar al tribunal. Eso no garantiza nada, pero reduce el costo cuando el caso lo permite.

Usa la vía prejudicial cuando el monto de la factura no justifique los gastos judiciales, o cuando el deudor tenga disposición a negociar. Si la prescripción ya está cerca, no hay margen para esperar esta etapa.

Cómo analizar al deudor antes de demandar

El análisis del deudor es tan importante como el análisis de la factura. Puedes tener un título ejecutivo perfecto y sin bienes que embargar el resultado es un proceso sin cobro efectivo.

Tres preguntas clave:

¿Tiene bienes visibles? Inmuebles, vehículos y cuentas corrientes son los más accesibles para embargo. Una búsqueda de propiedades en el Conservador de Bienes Raíces entrega información de inmuebles a nombre del deudor.

¿Tiene actividad activa? Pagos de clientes, devoluciones de impuestos del SII y boletas de garantía son todos embargables. Un deudor con actividad comercial activa es más ejecutable que uno sin movimientos.

¿Tiene algo que perder más allá del dinero? Empresas que participan de licitaciones públicas o tienen relaciones comerciales relevantes suelen pagar con la sola interposición de la demanda, porque una causa visible en el sistema del Poder Judicial puede costarles contratos. Búscalos en Mercado Público para ver si están activos como proveedores del Estado.

Una búsqueda por RUN/RUT del deudor en el Poder Judicial también entrega una imagen de cuántas demandas tiene en su historial: dato útil para calibrar si tiene el patrón de no pagar.

Cómo decidir lo que sigue

Tres factores definen si el cobro judicial de una factura tiene sentido:

  • La factura: ¿no fue reclamada en los 8 días? ¿Está dentro del plazo de prescripción? ¿El monto supera los costos esperados del juicio?
  • El deudor: ¿tiene bienes o actividad embargable? ¿Tiene algo que perder que lo mueva a pagar antes del remate?
  • El tiempo: ¿cuánto lleva vencida la factura? El año corre desde que fue exigible y notificar la gestión preparatoria demora cerca de mes y medio: cuanto antes la ingreses, más margen tienes.

Si los tres factores son favorables, el juicio es la vía. Si alguno falla, la cobranza prejudicial o una negociación directa puede ser más eficiente.

Para el marco general de la materia, revisa el pilar de Derecho Civil. No es una decisión que haya que tomar apurado, pero sí con la información completa. La prescripción corre desde el primer día y no espera.

Entendemos que demandar a alguien en quien confiabas es incómodo, y que después de tanta paciencia cuesta decidir. En el estudio te ayudamos a ordenar el caso: qué documentos tienes, cuánto margen te queda dentro del año y qué costos reales tendría cada vía, sin costo para el diagnóstico.

Preguntas frecuentes

¿Puede el deudor oponerse en la gestión preparatoria?
En la gestión preparatoria, la única oposición que admite la Ley 20.956 es alegar la falsificación material de la factura o la guía de despacho. El deudor tiene 3 días desde la notificación para hacerlo. Ninguna otra defensa es válida en esta etapa. La Corte Suprema confirmó este criterio en fallos de 2022, 2024 y 2025, rechazando defensas basadas en el fondo de la deuda.
¿Qué pasa si el deudor objetó la factura dentro de los 8 días?
Si el comprador reclamó dentro del plazo del Art. 3 de la Ley 19.983, la factura pierde el mérito ejecutivo. Eso no significa que la deuda desaparece: significa que hay que discutirla en un juicio ordinario de cobro, donde el deudor puede oponer más defensas y los plazos son distintos. El camino se alarga y los costos aumentan respecto al procedimiento ejecutivo.
¿Qué documentos necesito para iniciar el cobro?
La factura electrónica descargada del SII o la versión física, el comprobante de recepción del bien o servicio, y el historial de comunicaciones que acredite que la deuda existe y fue exigida. Si hay contrato o cotización que originó la operación, también es útil. Con eso un abogado puede evaluar si la factura presta mérito ejecutivo y qué procedimiento corresponde iniciar.
¿Puedo embargar las cuentas bancarias del deudor?
Sí. En el juicio ejecutivo se puede pedir embargo sobre cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cualquier saldo que el banco mantenga a nombre del deudor. También se pueden retener pagos que terceros le deban (como clientes que tienen facturas por pagar al deudor) y devoluciones de impuestos del SII. El embargo sobre cuentas bancarias se notifica directamente al banco, sin necesidad de ir al domicilio del deudor.
¿La prescripción de la factura se puede interrumpir?
Sí. La Corte Suprema ha resuelto que el plazo de 1 año se interrumpe con la notificación de la gestión preparatoria al deudor, no con su presentación (Rol 21.904-2021 y Rol 8.250-2022). Algunos jueces no lo aceptan, por eso conviene iniciar el trámite con varios meses de margen. Las cartas de cobranza extrajudiciales no interrumpen el plazo; un reconocimiento de deuda por escrito del deudor sí puede hacerlo.
¿Qué pasa si el deudor no tiene bienes para embargar?
Si el deudor no tiene bienes visibles ni actividad embargable, el proceso puede terminar con un título ejecutivo sin cobro efectivo. En esos casos puede ser más conveniente la negociación directa, la cobranza prejudicial o esperar a que el deudor tenga actividad. El juicio queda como antecedente permanente en el sistema del Poder Judicial, lo que puede ser útil si el deudor recupera actividad después.
¿Puedo cobrar intereses y reajustes además del capital?
Sí. En el juicio ejecutivo el monto demandado incluye el capital original más los reajustes e intereses desde la fecha de exigibilidad. La tasa de interés depende de lo que estuviera pactado en la factura o en el contrato que la originó. A falta de pacto, se aplica el interés corriente vigente que fija la Comisión para el Mercado Financiero para operaciones no reajustables.
¿Cuánto tiempo tarda el proceso completo?
La gestión preparatoria demora cerca de mes y medio, casi todo en notificar al deudor. El juicio ejecutivo toma entre 2 y 3 meses, y más si el deudor se defiende o hay que embargar bienes. Si el deudor paga al ser notificado, el proceso termina antes.

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Sobre el autor

Victor Iturra A.
Victor Iturra A.

Abogado

Fundador del estudio. 12 años asesorando empresas en derecho societario, laboral, insolvencia y contratos.