Interdicción por demencia en Chile: procedimiento y plazos

Cuando un presunto interdicto pierde facultades mentales y deja de poder administrar sus bienes, el problema no es solo legal: también es práctico y urgente. Aparecen pagos pendientes, decisiones patrimoniales que nadie puede tomar válidamente en su lugar, y la necesidad de financiar cuidados crecientes con bienes del propio interdicto. La interdicción por demencia es el procedimiento judicial que ordena esa situación: declara la incapacidad legal de la persona y nombra un curador con facultades para administrar en su representación.

Esta guía recorre cuándo conviene iniciar el procedimiento, quiénes están legitimados para pedirlo, las dos vías procesales disponibles (voluntaria y contenciosa), el rol crítico de la certificación de discapacidad del COMPIN, el proceso paso a paso ante tribunal y Conservador de Bienes Raíces, los efectos de la sentencia, y los errores más caros que vemos en clientes que llegan después de haber intentado el proceso solos o demasiado tarde.

Cómo saber si el presunto interdicto necesita una interdicción: 3 señales

No toda pérdida de facultades requiere interdicción. Estas son las tres señales más típicas de que el procedimiento se hizo necesario:

1. La persona ya no puede tomar decisiones patrimoniales básicas. No puede firmar un contrato, autorizar un pago, decidir sobre la venta de un bien o entender las consecuencias jurídicas de un documento. La incapacidad debe ser permanente, no un episodio puntual.
2. Necesitas gestionar bienes en su nombre pero las instituciones no aceptan tu rol informal. Bancos, notarios, Isapre, AFP y servicios públicos requieren un curador formalmente designado. Un familiar bien intencionado, por cercano que sea, no tiene facultades legales sin la sentencia de interdicción.
3. Hay gastos crecientes de cuidado o tratamiento que requieren acceder a bienes del propio interdicto. Pagar una residencia, financiar tratamientos médicos o disponer de inmuebles para sostener el cuidado son actos jurídicos que solo el curador puede hacer válidamente. Sin interdicción, los bienes del enfermo quedan congelados.

Si una o más de estas señales aplican, lo siguiente es entender qué significa exactamente la interdicción y qué causales la habilitan.

Qué significa ser declarado interdicto y cuáles son las 2 causales

Que una persona sea declarada interdicta significa que un tribunal la consideró incapaz legalmente de administrar sus bienes. Desde la sentencia ejecutoriada e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, sus actos jurídicos pasan a ser absolutamente nulos, y un curador designado por el mismo tribunal administra en su representación.

La ley chilena reconoce dos causales para declarar la interdicción:

• Demencia. La persona presenta una discapacidad mental, congénita o adquirida, de carácter permanente. Conforme al artículo 456 del Código Civil, demente es quien se encuentra en estado habitual de demencia, aunque tenga intervalos lúcidos. Esta guía cubre esta causal.
• Disipación. La persona dilapida sus bienes en gastos desproporcionados con sus medios, afectando las necesidades familiares. Esta causal tiene reglas propias y no se cubre en este artículo.

El interdicto puede recuperar la administración de sus bienes si cesan las causales que motivaron la interdicción, conforme a los artículos 454, 455 y 468 del Código Civil.

La Ley 21.331 y el modelo de apoyos: cuándo conviene la interdicción y cuándo no

La Ley 21.331 (2021) introdujo en Chile el modelo de apoyos y salvaguardias como alternativa a la interdicción clásica. En vez de declarar la incapacidad total de la persona y designar un curador con representación plena, el modelo de apoyos designa a alguien que asiste a la persona en decisiones específicas, pero sin reemplazar su voluntad: el apoyado sigue siendo el titular de sus actos.

La distinción práctica importa porque muchas familias llegan al procedimiento de interdicción sin saber que existe otra vía. La regla es simple:

• Modelo de apoyos — adecuado cuando la persona puede participar en decisiones con asistencia puntual. Aplica en discapacidades cognitivas moderadas, deterioro leve o situaciones donde la persona todavía expresa preferencias comprensibles.
• Interdicción clásica — corresponde cuando la persona ya no puede tomar decisiones incluso con asistencia. En demencia avanzada (Alzheimer en etapa media o tardía, demencia severa de otra causa), la pérdida de capacidad es suficientemente profunda como para que el modelo de apoyos no sea viable: nadie puede "apoyar" una voluntad que ya no puede formarse.

Si hay duda sobre cuál vía corresponde al caso específico, es algo que conviene revisar en el diagnóstico inicial antes de presentar cualquier solicitud.

Quién puede pedir la interdicción: legitimación activa

No cualquier persona puede solicitar la interdicción. La ley enumera quiénes están legitimados activamente para presentar la solicitud:

• El cónyuge no separado judicialmente (que además administrará la sociedad conyugal si corresponde).
• Cualquiera de los consanguíneos hasta el cuarto grado (hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos).
• El curador del menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría.
• El defensor público.

Situación especial. Las personas internadas en un Hospital Psiquiátrico Público quedan bajo curaduría provisoria del Director del Hospital por el solo ministerio de la ley (artículo 133 del Código Sanitario), salvo que ya se les haya designado curador o estén sometidas a patria potestad.

Error frecuente en la práctica: una de las observaciones que más vemos en clientes es que los interesados materialmente en el proceso, o quienes asumen el cuidado diario del presunto interdicto, no siempre coinciden con los legitimados activamente por ley. Si quien quiere ser curador no está dentro de la lista legal, conviene definir antes de presentar quién será el solicitante formal y quién el curador designado, para evitar rechazos procesales.

Las 2 vías procesales: voluntaria (Ley 18.600) y contenciosa (Código Civil)

Existen dos caminos para llegar a la interdicción. La elección depende principalmente de si la persona ya tiene certificación de discapacidad del COMPIN inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Vía voluntaria (artículo 4 Ley 18.600). Aplica cuando el presunto interdicto ya tiene certificación de discapacidad mental igual o mayor al 30% emitida por el COMPIN e inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Es el procedimiento más utilizado en Chile y el más eficiente: el tribunal resuelve con mérito de esa certificación, previa audiencia con la persona y los parientes cercanos. Plazo típico: aproximadamente 6 meses.

Vía contenciosa (Código Civil). Aplica cuando no hay certificación de discapacidad del COMPIN previa, cuando se pide la interdicción contra la voluntad de la persona, o cuando las circunstancias del caso requieren prueba más amplia (testigos, peritajes, antecedentes médicos detallados). Procedimentalmente es más estricta y exige mayor carga probatoria. Plazo típico: 8 a 10 meses.

La voluntaria es preferible siempre que sea posible. Si no hay certificación de discapacidad del COMPIN, evalúa primero si gestionar la certificación vale la pena según los tiempos disponibles (varios meses adicionales pero proceso posterior más simple) o si ir directo por la contenciosa es más adecuado dado el nivel de urgencia.

La certificación de discapacidad del COMPIN: el documento que abre el procedimiento simplificado

La certificación de discapacidad del COMPIN es la credencial oficial de discapacidad mental emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Es requisito habilitante para acceder al procedimiento simplificado del artículo 4 de la Ley 18.600. Su contenido y los criterios de evaluación son materia médica, definidos por el COMPIN según el caso.

Cómo se obtiene:

1. Solicita hora en el COMPIN de tu región (online o presencial).
2. Asiste a la evaluación médica con informes especialistas previos (psiquiátricos, neurológicos).
3. El COMPIN emite la certificación de discapacidad si la evaluación lo justifica.
4. Inscribe la certificación en el Registro Nacional de la Discapacidad del Servicio de Registro Civil e Identificación. Este paso es obligatorio antes de presentar la demanda.

Enlaces de trámite:

• Tramitar la Certificación de Discapacidad en el COMPIN
• Inscribir el Certificado en el Servicio de Registro Civil

Sin la certificación de discapacidad del COMPIN inscrita en el Registro Civil no puedes iniciar el procedimiento voluntario del artículo 4 de la Ley 18.600. Tendrías que ir por la vía contenciosa, más larga y compleja.

El proceso paso a paso: de la certificación de discapacidad del COMPIN a la inscripción en el Conservador

El procedimiento completo pasa por cuatro etapas. Para el detalle práctico de cada una (documentos, qué ocurre en las audiencias, costos reales y errores frecuentes), revisa la guía Cómo declarar interdicto a un adulto mayor.

1. Obtener certificación de discapacidad del COMPIN e inscribirla en el Registro Civil: Solicita la certificación de discapacidad mental en el COMPIN (≥30%). Luego inscríbela en el Registro Nacional de la Discapacidad del Servicio de Registro Civil. Este paso es requisito del procedimiento voluntario del artículo 4 de la Ley 18.600.
2. Presentar la demanda ante el Juzgado Civil: Presenta la demanda ante el tribunal civil del domicilio del presunto interdicto. Debe incluir certificados médicos, inscripción en el Registro de Discapacidad, identificación del solicitante y petición de curador. El tribunal designará curador provisorio mientras dura el juicio.
3. Audiencias con el presunto interdicto y con los parientes: El tribunal cita personalmente al presunto interdicto para evaluar su estado mental. Luego cita a los parientes más cercanos para escuchar sus posiciones sobre la procedencia de la interdicción y quién debe ser el curador definitivo. Ambas audiencias son obligatorias.
4. Sentencia y diligencias posteriores según el tribunal: El juez dicta sentencia nombrando curador definitivo. Según su criterio, el tribunal puede ordenar diligencias adicionales antes de que el curador quede plenamente habilitado: publicación de un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional, confección de inventario simple o solemne de los bienes del interdicto, opinión del defensor público, o rendición de fianza por parte del curador.
5. Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces: Una vez ejecutoriada la sentencia y cumplidas las diligencias que haya ordenado el tribunal, la sentencia se inscribe en el Registro de Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces. Solo con esa inscripción la interdicción es oponible a terceros y el curador puede actuar frente a bancos, notarías y servicios públicos.

Efectos de la sentencia: qué cambia para el interdicto y el curador

Una vez inscrita la sentencia ejecutoriada en el Conservador de Bienes Raíces, los efectos legales son:

• Todos los actos jurídicos que celebre el interdicto son absolutamente nulos. No puede vender, comprar, contratar, ni firmar documentos con efecto patrimonial.
• El curador administra los bienes y representa al interdicto en todo acto jurídico necesario. Para probar sus facultades frente a terceros (bancos, notarios, oficinas públicas), debe acreditar: sentencia, certificado de ejecutoria e inscripción en el Registro de Interdicciones del Conservador.
• Los poderes y mandatos previos terminan de obligar a las partes. Cualquier representación que el interdicto haya dado o recibido antes (poderdante, mandante, poderdatario o mandatario) deja de ser eficaz.
• El curador queda sujeto a deberes de administración, rendición de cuentas y autorizaciones especiales para actos relevantes. En particular, para vender bienes del interdicto se requerirá autorización judicial posterior: la curaduría no habilita por sí sola a disponer de inmuebles ni de activos significativos. Los actos de disposición pasan por un trámite específico ante el mismo tribunal.

La inscripción en el Conservador es la pieza que hace la interdicción oponible a terceros. Sin esa inscripción, aunque la sentencia exista, en la práctica nadie va a aceptar al curador como representante válido.

Los 3 casos más frecuentes: hijo adulto, Alzheimer y hermanos en desacuerdo

Estos son escenarios representativos de casos frecuentes de interdicción por demencia en Chile. Tu caso concreto depende del estado de la certificación de discapacidad del COMPIN, la legitimación activa disponible y la situación familiar específica.

Caso A - Padre/madre con hijo adulto con discapacidad mental congénita. Familia con hijo adulto que tiene discapacidad mental desde la infancia. Tienen la certificación de discapacidad del COMPIN desde hace años. El padre o madre quiere quedar formalmente como curador para administrar bienes (herencia, beneficios sociales, prestaciones).

• Vía aplicable: voluntaria (Art. 4 Ley 18.600).
• Plazo típico: aproximadamente 6 meses.
• Complejidad: baja. La certificación de discapacidad del COMPIN ya inscrita y la legitimación activa clara facilitan el proceso.

Caso B - Cónyuge cuidando pareja con Alzheimer post-diagnóstico. Pareja con diagnóstico reciente de Alzheimer en etapa intermedia. No hay certificación de discapacidad del COMPIN previa porque la condición es adquirida. El cónyuge necesita administrar bienes para cubrir cuidados crecientes.

• Vía aplicable: voluntaria si se logra gestionar la certificación de discapacidad del COMPIN y la persona acepta evaluación; contenciosa si rechaza o si los tiempos de la certificación no son viables.
• Plazo típico: 6 a 10 meses dependiendo de la vía.
• Complejidad: media. El cuello de botella suele ser la gestión previa de la certificación de discapacidad del COMPIN antes de presentar la demanda.

Caso C - Hermanos cuidando hermano con demencia avanzada y sin curador previo. Hermano mayor con demencia avanzada sin patria potestad, sin cónyuge y sin curador previo. Los hermanos quieren ordenar la situación pero hay diferencias entre ellos sobre quién debe ser el curador.

• Vía aplicable: voluntaria si se gestiona la certificación de discapacidad del COMPIN; contenciosa si hay desacuerdo entre legitimados o si se requiere prueba adicional.
• Plazo típico: 8 a 10 meses, eventualmente más si hay diligencias adicionales decretadas por el tribunal.
• Complejidad: alta. Cuando hay varios parientes legitimados con posiciones distintas, el tribunal suele decretar diligencias adicionales para verificar la idoneidad y fidelidad del curador, lo que aumenta plazos y costos.

Los 5 errores que retrasan o invalidan la interdicción

Los errores más caros en interdicción no suelen estar en la prueba de fondo, sino en decisiones tomadas antes de presentar o durante el proceso. Estos son los cinco más recurrentes en la práctica:

1. Esperar demasiado para iniciar el procedimiento. Cuando la salud del presunto interdicto es delicada, esperar puede significar que fallezca durante el juicio. Si eso ocurre, el proceso queda sin efecto: los bienes pasan a la herencia bajo reglas generales y la urgencia patrimonial que motivó la interdicción (financiar cuidados, pagar tratamientos, disponer de bienes para gastos médicos) se transforma en un proceso sucesorio distinto, normalmente más largo. Es el error más caro que vemos.

2. Solicitud presentada por alguien que no está legitimado activamente por ley. Quien materialmente cuida al presunto interdicto o tiene interés práctico en el proceso no siempre coincide con los legitimados que la ley exige (cónyuge no separado, consanguíneos hasta 4° grado, curador anterior, defensor público). Conviene verificar antes de presentar quién será el solicitante formal y quién el curador propuesto.

3. Iniciar la demanda sin la certificación de discapacidad del COMPIN inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Sin la certificación de discapacidad del COMPIN inscrita quedas obligado a ir por la vía contenciosa, que es más larga (8 a 10 meses vs 6) y exige mayor carga probatoria. Si la condición es compatible con la certificación de discapacidad del COMPIN, conviene gestionarla primero aunque tome meses.

4. Subestimar la variabilidad procesal entre tribunales. El procedimiento de interdicción no es completamente estandarizado: cada tribunal puede decretar diligencias propias para verificar la fidelidad del cargo del curador (informes adicionales, peritajes, audiencias adicionales con parientes, fianza). Mientras más diligencias pide el tribunal, más se alarga y encarece el juicio. Subestimar este factor al presupuestar el proceso suele generar sorpresas.

5. No inscribir la sentencia ejecutoriada en el Conservador de Bienes Raíces. La sentencia por sí sola no basta. Sin inscripción en el Registro de Interdicciones del Conservador, la interdicción no es oponible a terceros y el curador no puede actuar legalmente frente a bancos, notarios ni servicios públicos. Hay casos en que la sentencia se dicta y queda guardada meses antes de inscribirse, generando bloqueo operativo justo cuando la familia esperaba poder empezar a administrar.

Cuánto cuesta la interdicción por demencia: los 4 componentes del costo total

El costo real del proceso tiene cuatro componentes que conviene presupuestar por separado. Los dos primeros son fijos o acotados; los dos últimos dependen del tribunal y de la complejidad del caso.

La certificación de discapacidad del COMPIN no tiene costo en sí, pero el trámite ante el COMPIN puede tomar varios meses e implicar transporte y consultas médicas previas.

Cómo decidir lo que sigue

Si llegaste hasta acá ya tienes el marco para tomar una decisión informada. La interdicción es un procedimiento legal necesario en muchos casos pero exige preparación antes de presentar. La diferencia entre un proceso que termina en 6 meses sin sobresaltos y uno que se arrastra durante un año o queda sin efecto por fallecimiento rara vez está en la fortaleza del diagnóstico médico, sino en cómo se prepararon los pasos previos.

Las variables que definen tu camino concreto son:

• El estado de la certificación de discapacidad del COMPIN. Si ya está vigente e inscrita en el Registro Civil, la vía voluntaria está abierta. Si no, hay que gestionarla antes (o ir por contenciosa).
• La legitimación activa disponible. Quién está habilitado por ley para pedir la interdicción y quién será propuesto como curador.
• La urgencia real. El estado de salud del presunto interdicto y la presión patrimonial concreta (gastos médicos, cuidados, deudas). Cuando la salud es delicada, esperar no es estrategia.
• La vía procesal que aplica. Voluntaria (6 meses, requiere certificación de discapacidad del COMPIN) o contenciosa (8 a 10 meses, más carga probatoria).
• Las dinámicas familiares. Si hay acuerdo entre los parientes legitimados, el proceso fluye. Si hay desacuerdos sobre quién debe ser curador, el tribunal suele decretar más diligencias.

La interdicción no es solo un trámite. Es la forma en que la ley reconoce que el presunto interdicto ya no puede actuar por sí mismo y necesita protección formal de su patrimonio. Cuando se prepara bien, ordena una situación que de otra forma queda en el limbo legal y deja a la familia sin herramientas para sostener los cuidados.

No tienes que decidir hoy si presentas. Pero vale la pena revisar la certificación de discapacidad del COMPIN, la legitimación activa y la urgencia con alguien que entienda cómo funcionan estos procesos en la práctica antes de empezar. Esa es la lectura que entregamos en una primera conversación, sin agenda más larga que ordenar tu caso y dejarte en condiciones de decidir lo que sigue. Si quieres más contexto sobre este tipo de procedimientos, revisa el área de Derecho Civil.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el presunto interdicto fallece durante el juicio?

El proceso de interdicción queda sin efecto: ya no tiene objeto declarar incapacidad de una persona fallecida. Los bienes pasan a la herencia bajo reglas generales (posesión efectiva o testamento), normalmente con plazos más largos y otros intervinientes. Por eso, cuando la salud del presunto interdicto es delicada, iniciar a tiempo es crítico.

¿Qué pasa si la persona no puede asistir al tribunal?

Cuando el presunto interdicto no está en condiciones de desplazarse, el tribunal puede visitarlo en su domicilio o en el establecimiento donde se encuentre para cumplir con la audiencia obligatoria del artículo 4 de la Ley 18.600. Esta situación debe informarse al presentar la demanda y respaldarse con antecedentes médicos que expliquen el impedimento. El juez tiene amplia facultad para adaptar la audiencia a las condiciones reales de la persona.

¿Qué conflictos pueden aparecer entre familiares?

Lo más común es discutir quién debe ser curador, cómo se administrarán los bienes o si realmente procede la interdicción. Cuando hay varios parientes legitimados con posiciones distintas, los tribunales suelen decretar diligencias adicionales para verificar la fidelidad del cargo. Por eso conviene anticipar la posición de parientes cercanos antes de presentar.

¿El curador puede vender bienes del interdicto libremente?

No. La curaduría autoriza administrar los bienes del interdicto, no disponer de ellos libremente. Para vender bienes relevantes, especialmente inmuebles, el curador requiere autorización judicial específica ante el mismo tribunal que dictó la sentencia de interdicción. También está sujeto a rendición de cuentas periódica. La curaduría no es un mandato ilimitado: cada acto de disposición relevante pasa por un trámite judicial adicional.

¿Qué ocurre con poderes firmados antes de la interdicción?

La sentencia de interdicción inscrita afecta la vigencia práctica de los mandatos y poderes que el interdicto haya otorgado antes del proceso. Una vez ejecutoriada e inscrita en el Conservador, los actos del interdicto son absolutamente nulos, lo que incide en la validez de representaciones anteriores. Revisa contratos, poderes bancarios y autorizaciones preexistentes con el abogado para identificar cuáles dejan de tener efecto y cuáles deben renovarse a nombre del curador.

¿Conviene iniciar el trámite antes de vender o arrendar bienes?

Sí, siempre que la persona ya no pueda administrar por sí misma. Intentar resolver negocios patrimoniales (venta de inmueble, arriendo, gestión bancaria) sin representación legal suficiente genera rechazos notariales y bancarios, y puede producir actos de validez cuestionable que después son difíciles o costosos de corregir. La interdicción con curador designado es la única forma de actuar válidamente en nombre de la persona.

¿Qué pasa si la discapacidad no está inscrita todavía?

Sin la certificación de discapacidad del COMPIN inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad no puedes iniciar el procedimiento voluntario del artículo 4 de la Ley 18.600. Tienes que ir por la vía contenciosa, que exige mayor carga probatoria y puede tomar 8 a 10 meses en vez de 6. Si la condición del presunto interdicto es compatible con la certificación de discapacidad del COMPIN, gestionar primero esa certificación suele valer la pena aunque tome algunos meses adicionales.

¿Se debe rendir cuenta de la administración?

Sí. El curador queda sujeto a deberes de administración, rendición de cuentas periódica y autorización judicial para actos relevantes, especialmente disposición de bienes. Estos deberes no son opcionales: el tribunal puede exigir rendiciones y el incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad civil del curador. Quien acepta el cargo debe entender el alcance de esas obligaciones antes de ser designado, no después.

¿Qué pasa si existe urgencia para pagar cuidados o tratamientos?

Puede pedirse curaduría provisoria u otras medidas según los antecedentes. La urgencia debe acreditarse con gastos, diagnósticos y necesidades concretas. En personas con discapacidad mental certificada bajo cuidado permanente, también puede aplicar la curaduría provisoria automática del [artículo 18 bis de la Ley 18.600](https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29158).

¿Puedo ser curador si soy uno entre varios hermanos legitimados?

Sí, pero el tribunal escucha a todos los parientes cercanos y puede preferir a quien acredite mejor el cuidado permanente del presunto interdicto. Si hay desacuerdo, el tribunal suele decretar diligencias adicionales (informes, audiencias, fianza) para verificar la idoneidad del curador propuesto.

¿La interdicción se puede revertir si el familiar mejora?

Sí. Si cesan las causales que la motivaron —mejoría del estado mental debidamente acreditada— puede pedirse el levantamiento de la interdicción ante el mismo tribunal. Es un procedimiento distinto que también requiere prueba médica suficiente. En la práctica, en casos de demencia avanzada progresiva es infrecuente, pero si la interdicción se declaró en una etapa temprana o por una causa reversible, la rehabilitación es posible conforme a los artículos 468 y siguientes del Código Civil.

¿Qué pasa con la AFP, cuentas bancarias e inversiones del interdicto?

Una vez inscrita la sentencia en el Conservador de Bienes Raíces, el curador puede operar frente a bancos, AFP y corredoras acreditando tres documentos: copia de la sentencia ejecutoriada, certificado de ejecutoria y certificado de inscripción en el Registro de Interdicciones del Conservador. Sin esos tres documentos, ninguna institución está obligada a reconocerlo como representante válido. Para actos de disposición relevantes (rescatar fondos, girar saldos significativos, vender inversiones) puede requerirse autorización judicial adicional según el caso.

¿Es lo mismo interdicción que modelo de apoyos?

No. La interdicción declara la incapacidad legal total de la persona y designa un curador que la representa y administra sus bienes en su nombre. El modelo de apoyos (Ley 21.331) designa a alguien que asiste en decisiones específicas sin reemplazar la voluntad: el apoyado sigue siendo el titular de sus actos. Para demencia avanzada, donde la persona ya no puede expresar voluntad comprensible ni con asistencia, la interdicción es la vía que corresponde. El modelo de apoyos aplica cuando hay capacidad residual que vale la pena proteger.

¿Puedo tramitar la interdicción si la persona rechaza la evaluación del COMPIN?

Sí, por la vía contenciosa. Si el presunto interdicto rechaza la evaluación del COMPIN o no puede concurrir, no hay certificación de discapacidad disponible para la vía voluntaria. En ese caso el procedimiento va por la vía contenciosa del Código Civil, que exige mayor carga probatoria (informes médicos, testigos, antecedentes clínicos) pero no requiere certificación previa del COMPIN. El plazo típico es de 8 a 10 meses. El tribunal citará igualmente al presunto interdicto para la audiencia obligatoria; si no puede concurrir, puede visitarlo en su domicilio o establecimiento.