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La demandada incurrió en falta de servicio en la atención del paciente, puesto que no brindó a éste la atención que un servicio público de

esta naturaleza debe prestar a un paciente remitido en las graves condiciones de salud en que se encontraba aquel.

Doctrina:

1.- Se casa de oficio la resolución atacada, desde que del examen de la sentencia de segundo grado, confirmatoria de la de primera instancia, aparece que carece de los fundamentos de derecho que sustenten la decisión adoptada. En efecto, la sentencia impugnada obvia toda alusión a que la única norma aplicable para dar por acreditada la responsabilidad demandada es el artículo 38 de la Ley Nº 19.966, que dispone que los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria son responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio.

2.- De los antecedentes del proceso surge que en el Hospital se le efectuó un diagnóstico erróneo al paciente y que luego en otro Hospital no se le otorgó una atención oportuna y eficaz, toda vez que a pesar de ingresar a dicho recinto hospitalario por derivación del primero con diagnóstico de meningitis no sólo no se le realizó el TAC o scanner solicitado en la derivación, sino que no se le efectuó ningún otro procedimiento o examen distinto a los de sangre y orina que permitiera confirmar o desechar el diagnóstico de remisión. Por otra parte, la circunstancia de haber sido ingresado en la denominada sala de yeso al cuidado de su cónyuge dificultó la supervisión de su estado por personal paramédico, derivando en una situación de crisis que finalmente terminó con su deceso.

3.- La demandada incurrió en falta de servicio en la atención del paciente, puesto que no brindó a éste la atención que un servicio público de esta naturaleza debe prestar a un paciente remitido en las graves condiciones de salud en que se encontraba aquel. En este caso, aplicando la denominada teoría de la equivalencia de las condiciones, si se suprime la atención poco oportuna e ineficaz del paciente por parte del Hospital, el daño a éste no se habría producido, puesto que se podría haber detenido la hemorragia que finalmente le causó la muerte.

Fallo:

Santiago, 07 de agosto de 2013.-

Vistos:

En estos autos rol Nº 3582-2012, caratulados «Díaz Valenzuela Paulina con Servicio de Salud Aconcagua», juicio ordinario de indemnización de perjuicios por falta de servicio, la parte demandada dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó la de primera instancia que condenó a pagar a los actores una indemnización de $90.000.000 (noventa millones de pesos) para la cónyuge y $60.000.000 (sesenta millones de pesos) para cada uno de los hijos de la víctima, por concepto de daño moral.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que al conocer este tribunal del presente asunto por la vía de los recursos de casación interpuestos, encontrándose el proceso en estado de acuerdo, ha advertido de los antecedentes que la sentencia que se ha impugnado podría adolecer de un posible vicio de aquellos que dan lugar a la casación en la forma y respecto de los cuales el artículo 775 del Código de Enjuiciamiento en lo Civil autoriza para proceder de oficio.

Segundo: Que el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil establece: «El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: N°5 En haber sido pronunciada (la sentencia) con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 «. Por su parte, esta última disposición señala que: «Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales, contendrán: 4° Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia».

Tercero: Que del examen de la sentencia de segundo grado, confirmatoria de la de primera instancia, aparece que carece de los fundamentos de derecho que sustenten la decisión adoptada.En efecto, la sentencia impugnada obvia toda alusión a que la única norma aplicable para dar por acreditada la responsabilidad demandada es el artículo 38 de la Ley Nº 19.966, que dispone que los órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria son responsables de los daños que causen a particulares por falta de servicio.

Cuarto: Que de lo expresado anteriormente se advierte que la sentencia carece del sustento jurídico que le sirve de fundamento, circunstancia que configura el vicio de casación formal contemplado en el N° 5 del artículo 768 del Código ya citado.

Quinto: Que lo anteriormente expuesto autoriza a esta Corte, al no existir otro medio idóneo para corregir la deficiencia procesal comprobada, para casar de oficio la sentencia de segundo grado por adolecer del vicio que se hizo notar.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764 , 765 , 766 , 768, 775, 786 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se casa de oficio la sentencia de veintisiete de marzo del año dos mil doce, escrita a fojas 374, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Atendido lo resuelto, es innecesario pronunciarse sobre los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en lo principal y primer otrosí de la presentación de fojas 378, respectivamente.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministro señora Sandoval.

Rol Nº 3582-2012.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Alfredo Pfeiffer R., y el Abogado Integrante Sr. Emilio Pfeffer U. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor Pfeffer por estar ausente. Santiago, 07 de agosto de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma.Corte Suprema.

En Santiago, a siete de agosto de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Santiago, siete de agosto de dos mil trece.

De conformidad con lo que dispone el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se procede a dictar la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos decimo, undécimo y décimo octavo, que se eliminan y con las siguientes modificaciones: a) En la parte expositiva, se eliminan las preposiciones «en» y «de», que figuran, la primera, al inicio y, la segunda, antes de «que sea condenado», además, entre las expresiones «les ha ocasionado» y «con motivo de», se incorpora el pasaje «por falta de servicio»; después de «contractual y», se agrega la frase «también subsidiariamente»; y, al final del primer apartado, se cambia el «punto» (.) por una «coma» (,) y se adiciona la frase «todo con reajustes, intereses y costas». b) En el segundo apartado de la parte expositiva, se cambia el «punto final» (.) por una «coma» (,) y se incorpora la expresión «con costas». c) En el considerando Cuarto, después de «ya individualizados,», se adiciona la frase «e interpone demanda»; asimismo, a continuación de «hijo y hermano», se agrega el adverbio «respectivamente»; también, las dos veces que aparece la cantidad «$50.000», se cambia por «$50.000.000»; y al final del primer y tercer apartados de este considerando Cuarto, se corrige el segundo apellido de los hijos del fallecido, que es «Díaz» y no «Rojas», como allí se expresa, e igualmente, las dos veces que en esta parte figura el nombre corregido de «Cristóbal Alejandro Ampuero Díaz», se adiciona, a continuación, la frase «de $50.000.000.- para el padre Arnaldo de las Mercedes Ampuero Rojas». d) En el segundo apartado de la fundamentación Quinta, se reemplaza la oración «caída sufrida por la Sra. Silva» por «fallecimiento del Sr.Ampuero Andrade»; después de «a título de herederos», se agrega el párrafo «También opone, como excepción, el haberse expuesto, don Arnaldo Antonio Ampuero Andrade, imprudentemente al daño, solicitando, en subsidio, que tal argumento sea considerado para rebajar considerablemente la indemnización que se regule». e) En el tercer apartado del motivo Quinto, después de «sus rechazos», se agrega «con costas». f) En la parte final del razonamiento Octavo, se sustituye la «a» que figura antes de «tenido que solicitar» por la forma verbal «ha». g) En la motivación duodécima, se reemplaza la palabra mal escrita «fallese», por «fallece». h) En el basamento décimo noveno, se cambia la expresión «cada uno de los demandantes» por «la cónyuge e hijos demandantes»; como asimismo, la frase «cónyuge, hijos, padre y hermana» sustituye por «cónyuge e hijos».

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Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que el demandado apeló de la sentencia definitiva de 12 de agosto de 2011, fundando el agravio en la circunstancia que no incurrió en una falta de servicio, puesto que el Sr. Ampuero falleció a consecuencia, según consta de Protocolo de Autopsia N° 043-2009, de un hemoperitoneo masivo secundario de un desgarro hepático provocado por un traumatismo abdominal cerrado, generado por un golpe, lo cual nunca fue dado a conocer a los médicos que lo atendieron de urgencia.

Añade que con las pruebas del proceso no se acreditó que los funcionarios que lo atendieron infringieron los principios que informan la lex artis y en relación con el daño moral, aseveran que éste no fue probado.

Solicitan en el evento que se confirme la sentencia que las sumas a que se le condenó sean sustancialmente rebajadas.

Finaliza invocando en forma subsidiaria la aplicación del artículo 2330 del Código Civil, por considerar que Arnaldo Ampuero Andrade se expuso imprudentemente al daño.

Segundo:Que por su parte, los demandantes adhirieron a la apelación solicitando que se modifiquen las sumas de indemnizaciones brindadas, otorgándoles éstas por los montos solicitados o en subsidio por la cantidad que se fije por el tribunal.

Tercero: Que constituyen hechos no controvertidos por las partes y que constan en el proceso: a) Que Arnaldo Ampuero Andrade ingresó al Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios de Los Andes el día 6 de abril de 2009 aproximadamente a las 19:45 horas, presentando un cuadro con vómitos, dolor lumbar y mareos; b) Que fue atendido por la internista doctora Istra Araya, quien luego de practicarle exámenes preliminares, dada su gravedad determinó que el paciente fuera enviado al Hospital San Camilo de San Felipe, con orden de practicar un scanner, con diagnóstico final de meningitis; c) Que el paciente ingresó al Hospital de San Felipe a las 20:27 horas, siendo atendido por el médico de turno, Jaime Acevedo Vera, lugar donde posteriormente se agrava y siendo las 23:45 horas fallece, entregándose como causa de muerte «shock séptico foco no determinado»; d) Que practicada autopsia, ésta determinó como causa precisa de muerte desgarro hepático, compatible con un traumatismo abdominal.

Cuarto: Que a solicitud de la demandante se ordenó a la Fiscalía de San Felipe remitir copia de la carpeta investigativa causa RUC 0900324542-7, entre cuyos antecedentes constan declaraciones de:

A) Gonzalo Andrés Herrera Palma, técnico paramédico del Hospital San Camilo de San Felipe, quien señala que le correspondió el control de signos vitales, que los niveles que traía no eran normales ya que tenía anomalías en la frecuencia respiratoria y que el médico lo dejó en la sala de yesos al cuidado de su cónyuge.

B) Claudia Isabel Aballay León, enfermera del mismo hospital, quien indica que los exámenes solo fueron de sangre, descartando la punción lumbar que sirve para descartar meningitis.

Quinto:Que en jurisprudencia de la Corte Suprema se ha señalado reiteradamente que la falta de servicio «se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del Servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando aquel no funciona debiendo hacerlo y cuando f unciona irregular o tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria, conforme lo dispone expresamente el artículo 42 de la Ley N° 18.575. Pues bien, en materia sanitaria el 3 de septiembre de 2004 se publica la Ley N° 19.966 que establece un Régimen de Garantías en Salud, cuerpo normativo que introduce en el artículo 38 la responsabilidad de los Órganos de la Administración en esta materia, la cual incorpora «al igual que la Ley N° 18.575 la falta de servicio como factor de imputación que genera la obligación de indemnizar a los particulares por los daños que éstos sufran a consecuencia de la actuación de los Servicios de Salud del Estado» (Corte Suprema, Rol 9554-2012, 10 de junio de 2013, considerando undécimo).

Sexto:Que de los antecedentes del proceso surge que en el Hospital de Los Andes se le efectuó un diagnóstico erróneo a Arnaldo Ampuero y que luego en el Hospital San Camilo de San Felipe no se le otorgó una atención oportuna y eficaz, toda vez que a pesar de ingresar a dicho recinto hospitalario por derivación del de Los Andes con diagnóstico de meningitis no sólo no se le realizó el TAC o scanner solicitado en la derivación, sino que no se le efectuó ningún otro procedimiento o examen distinto a los de sangre y orina que permitiera confirmar o desechar el diagnóstico de remisión.

Que por otra parte, la circunstancia de haber sido ingresado en la denominada sala de yeso al cuidado de su cónyuge dificultó la supervisión de su estado por personal paramédico, derivando en una situación de crisis que finalmente terminó con su deceso.

Séptimo: Que de lo anterior puede colegirse que la demandada incurrió en falta de servicio en la atención del Sr. Ampuero, puesto que no brindó a éste la atención que un servicio público de esta naturaleza debe prestar a un paciente remitido en las graves condiciones de salud en que se encontraba aquel.

Octavo: Que como se ha expuesto en anteriores fallos sobre la materia, para que se genere la responsabilidad por falta de servicio es necesario que entre aquélla y el daño exista una relación de causalidad, la que exige un vínculo necesario y directo. En este mismo orden de ideas se sostiene que un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido aquel, el resultado tampoco se habría producido. Así, se ha sostenido por la doctrina expresa que:»El requisito de causalidad se refiere a la relación entre el hecho por el cual se responde y el daño provocado», «la causalidad expresa el más general fundamento de justicia de la responsabilidad civil, porque la exigencia mínima para hacer a alguien responsable es que exista una conexión entre su hecho y el daño.» (Enrique Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 2006, Editorial Jurídica de Chile, página 373).

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Al respecto, diversas son las teorías que tratan de explicar este tema, a saber: la teoría de la equivalencia de las condiciones, la de la causa adecuada, la de la causa necesaria y la de la relevancia típica. (Derecho Penal, Parte General, profesor Enrique Cury Urzua, décima edición, 2011, páginas 294 y siguientes).

Actualmente, la doctrina nacional distingue dos elementos que son integrantes de la relación de causalidad. El primero denominado «elemento natural», en virtud del cual se puede establecer que: «un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido la condición, el resultado tampoco se habría producido» (Enrique Barros Bourie, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006 página 376). El segundo es el «elemento objetivo», para cuya configuración es indispensable que el daño producido pueda ser imputado normativamente al hecho ilícito. Así, una vez determinada la causalidad natural, se debe proceder a verificar si el daño puede ser atribuible a la conducta desplegada.

El último autor mencionado, refiriéndose al principio de la equivalencia de las condiciones o condictio sine qua non, refiere: «La doctrina y jurisprudencia están de acuerdo en que para dar por acreditada la causalidad debe mostrarse que el hecho por el cual se responde es una condición necesaria del daño.Y un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando de no haber existido la condición, el resultado tampoco se habría producido (el hecho es condictio sine qua non del daño)» (obra citada, página 376).

Se ha señalado también que «Es condición del resultado toda circunstancia concurrente a su producción, que, al ser suprimida mediante una operación mental hipotética, determina la supresión del resultado» (Enrique Cury Urzúa, obra citada, página 294).

Noveno: Que en este caso, aplicando la denominada teoría de la equivalencia de las condiciones, si se suprime la atención poco oportuna e ineficaz del paciente por parte del Hospital San Camilo de San Felipe, el daño a éste no se habría producido, puesto que se podría haber detenido la hemorragia que finalmente le causó la muerte.

Décimo: Que en estos autos los demandantes solicitan se les indemnice el daño moral sufrido con motivo del fallecimiento de Arnaldo Ampuero.

El profesor Arturo Alessandri Rodríguez ha expresado que: «El daño moral puede revestir dos formas, según tenga o no repercusiones patrimoniales. De ordinario -y es el caso más frecuente- el daño moral comporta a la vez un daño material. Así ocurre cuando un mismo hecho produce un perjuicio pecuniario y un dolor o sufrimiento moral: tal es el caso de una lesión o pérdida de un miembro, que hace sufrir a la víctima y le disminuye sus fuerzas o su capacidad de trabajo». Agrega: «pero el daño moral puede no tener algún efecto patrimonial, ser meramente moral. Es así cuando consiste única y exclusivamente en la molestia o dolor que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. El daño moral, ha dicho una sentencia, es aquel que proviene de toda acción u omisión que pueda estimarse lesiva a las facultades espirituales, a los afectos o a las condiciones sociales o morales inherentes a la personalidad humana:en último término, todo aquello que signifique un menoscabo en los atributos o facultades mentales del que sufre el daño. Son daños de esta especie el dolor o sufrimiento que experimenta un individuo con una herida, lesión, cicatriz o deformidad, con su desprestigio, difamación, menosprecio o deshonra, con el atentado a sus creencias, con su detención o prisión, con su procesamiento, con su rapto, violación, estupro o seducción, si es mujer, con la muerte de un ser querido y, en general, con cualquier hecho que le procure una molestia, dolor, sufrimiento físico o moral» (De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Arturo Alessandri Rodríguez, Imprenta Universitaria, págs. 224 y 225).

Por su parte, el profesor Enrique Barros Bourie, tomando el concepto de Palandt/Heinrichs, señala que «pertenecen a la gran categoría de daño moral todas las consecuencias adversas que afectan la constitución física o espiritual de la víctima y que se expresan, por un lado, en dolor, angustia o malestar físico o espiritual y, por otro lado, en una disminución de la alegría de vivir. De ello se sigue que, en analogía con el daño patrimonial, el daño moral puede consistir en un mal que se causa o en un bien de cuyo disfrute se priva». Agrega que «ante todo, el daño no patrimonial se puede presentar en la forma de una aflicción física o mental. En ambos casos, se trata de un daño positivo (como lo es el daño emergente en sede patrimonial), que aumenta instantáneamente el conjunto de males que dificultan o hacen más gravosa la existencia. En el caso del dolor físico, el daño se expresa en la aflicción que producen las heridas y en el sufrimiento asociado a los tratamientos médicos necesarios.En el caso de la aflicción mental, el dolor adquiere innumerables matices e intensidades, que se muestran en un largo catálogo de desgracias que pueden afectar nuestro bienestar espiritual (el sentido de disvalor producido por una incapacidad física, el pudor afectado por un atentado a la privacidad, el dolor afectivo por la pérdida de un hijo o del cónyuge). En todos estos casos, la reparación del daño no patrimonial opera proporcionalmente como pretium doloris: es una compensación económica por el sufrimiento efectivo que ha afectado al demandante». (Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Ed. Jurídica, Santiago, 2006, págs. 290 y 291).

En tanto, esta Corte, respecto del daño moral, ha expresado que: «se le ha concebido como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida y cuya indemnización se identifica en general con la expresión latina pretium doloris o «precio del dolor» y haciendo una clasificación elemental de los tipos de intereses susceptibles de perjuicio moral comprende tanto los atributos de la personalidad, tales como el honor o la honra, la intimidad o la propia imagen, cuya lesión involucra generalmente aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales, tales como el dolor corporal, los perjuicios estéticos o de agrado; o cualquier deterioro del normal desarrollo de la vida familiar, afectiva o sexual; los daños en la autoestima a consecuencia de lesiones o pérdida de miembros; y los llamados perjuicios de afección, ocasionados por el sufrimiento o muerte de un ser querido e intereses relacionados con la calidad de vida en general, constituidos por las molestias ocasionadas en razón de la vecindad, tales como ruidos molestos, humos y malos olores; intereses relacionados con la integridad física y psíquica afectan, asimismo, la calidad de vida de la víctima» (Corte Suprema, Rol 5857-06, 30 de junio de 2008, considerando vigésimosexto).

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En este caso los actores lo hacen consistir en el padecimiento que han sufrido por la muerte de su cónyuge y padre, respectivamente, habiendo acreditadoen autos con las prob anzas rendidas el dolor afectivo sufrido debido a la muerte de Arnaldo Ampuero.

Undécimo: Que habiéndose acreditado la falta de servicio en que incurrió la demandada, la relación de causalidad entre ésta y los daños sufridos por la cónyuge y los hijos de Arnaldo Ampuero, atento a lo que dispone el artículo 38 de la Ley N° 19.966, se dará lugar a la demanda respecto del daño moral alegado, y se condenará a la demandada al pago de los montos que por dichos conceptos se establecerán en la parte resolutiva de esta sentencia.

Duodécimo: Que la demandada en forma subsidiaria en el recurso de apelación solicita que en el evento de confirmarse la sentencia apelada se rebaje el quantum de indemnización, considerando al efecto lo establecido en el artículo 2330 del Código Civil. Fundamenta lo solicitado en la circunstancia que el desgarro hepático que provocó el deceso de la víctima se debió a un trauma o lesión muscular causado por agresión o caída de altura que no informó a su ingreso al centro hospitalario, en circunstancias que en la demanda se afirma que las molestias físicas las empezó a sentir alrededor de las 21:00 horas del 5 de abril de 2009, concurriendo recién al hospital más de 24 horas después, habiendo sufrido durante ese tiempo de dolores abdominales, fiebre, vómitos y cefalea intensa. Ello configura a juicio del apelante la exposición imprudente al daño de la víctima o de alguno de los integrantes de su familia, por no concurrir de inmediato a requerir atención médica.

No hay pruebas en autos que permitan hacer lugar a lo solicitado ya que no se estableció que el Sr.Ampuero hubiera recibido un golpe o caída que le hubiera provocado el desgarro hepático, de forma que no puede afirmarse que él hubiera tenido conocimiento de haber sufrido un trauma.

Por otra parte, no puede calificarse de imprudente a la persona que sin tener conciencia de haber sufrido un trauma no concurre a un centro hospitalario en presencia de los síntomas que lo aquejaban.

En razón de ello no se hará lugar a la rebaja en virtud de esta alegación.

Décimo tercero: Que por no haberse acreditado el daño moral demandado por el padre y la hermana de Arnaldo Ampuero, se desestimará la demanda a su respecto, pues la sola acreditación del parentesco que los unía con el occiso no habilita para acoger una demanda por esta circunstancia.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 144 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se decide:

I.- Que se revoca la sentencia de doce de agosto de dos mil once, escrita a fojas 309 y siguientes, sólo en cuanto se acoge la demanda interpuesta por Arnaldo de las Mercedes Ampuero Rojas y Josefina de las Mercedes Ampuero Andrade y en su lugar se declara que no se hace lugar a su demanda, sin costas.

II.- Que se la confirma en lo demás, con declaración de que el monto a pagar por el Servicio de Salud Aconcagua por concepto de daño moral asciende a la suma de $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos) para la demandante Paulina Díaz Valenzuela y de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) para cada uno de los hijos del occiso, Enrique Jesús y Cristóbal Alejandro ambos de apellidos Ampuero Díaz. Acordada la decisión II con el voto en contra de la Ministra Sra. Sandoval, quien fue de parecer de revocar la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la indemnización por daño moral solicitada a favor de la cónyuge e hijos del Sr. Ampuero, en virtud de las siguientes consideraciones:1º.- Que según consta de la ficha clínica acompañada en segunda instancia, el paciente ingresó a la unidad de emergencia del Hospital San Camilo de San Felipe a las 20:27 hrs., recibiendo atención médica a las 20:30 hrs., oportunidad en la cual se le controlan los signos vitales y se ordena efectuarle diversos exámenes, los cuales le son practicados a las 21:03 hrs. 2° Que en el Informe del Servicio Médico Legal de San Felipe agregado a fojas 197, se consigna el diagnóstico histológico de laceración hepática vital y signos necrofológicos de shock, lo que refrenda lo establecido en el Protocolo de Autopsia sobre la causa de muerte del Sr. Ampuero. 3° Que en el Informe N° 162 del Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, se concluye que el desgarro hepático corresponde a un traumatismo hepático cerrado, no existiendo otra causa. Se agrega que como la profundidad del desgarro no fue mayor a 6 mm. sólo comprometió vasos superficiales por lo que el desgarro pudo ser de cuantía moderada, pero sostenida en el tiempo por lo que podría haber tenido un período de sobrevida variable. 4° Que no hay elementos probatorios en la causa que permitan aseverar que los médicos tratantes del paciente infringieron la lex artis en la atención que le prestaron. 5° Que no obstante lo anterior, si se estima que se configura una falta de servicio, dado que no se le realizó el scanner solicitado por la médico que lo remitió desde Los Andes y que se le internó en una sala no destinada al efecto, no dejándolo al cuidado de personal idóneo, no es posible atribuir responsabilidad a la demandada, toda vez, que no se configura la relación de causalidad para efectuarlo. De acuerdo al mérito del proceso, no puede concluirse que la realización del scanner o la internación en la sala de urgencia con personal idóneo hubiera evitado el deceso del Sr.Ampuero; tampoco hay antecedentes que permitan establecer que otros exámenes diferentes a los que se le practicaron al paciente hubieran permitido diagnosticar su mal y en su caso, los procedimientos quirúrgicos o de otro orden que se tendrían que haber efectuado para evitar su deceso.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministro señora Sandoval.

Rol N° 3582-2012.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. María Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Alfredo Pfeiffer R., y el Abogado Integrante Sr. Emilio Pfeffer U. No firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Abogado Integrante señor Pfeffer por estar ausente. Santiago, 07 de agosto de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a siete de agosto de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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